El agua, sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno ( H2 O ).
A instancias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Bolivia se encontraba hace 15 años en plena oleada de privatizaciones. Para conceder un crédito al gobierno de Banzer, las instituciones de Bretton Woods habían pedido la venta de las compañías públicas de agua de las principales ciudades del país.
Semapa, la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cochabamba, pasó a manos de un consorcio internacional llamado Aguas del Tunari. Este conglomerado —formado por las compañias estadounidenses Bechtel y Edison, la española Abengoa y las bolivianas Petrovich y Doria Medina—, decretó, de la noche a la mañana, un incremento en las tarifas de entre el 30% y el 300%.
Multinacionales
Además, para blindar los intereses de las multinacionales, el parlamento aprobó la Ley 2029, que abría la puerta para que estas nuevas empresas cobraran por el uso particular de los acuíferos públicos y para que los ciudadanos tuvieran que hacer frente a sus deudas con sus bienes inmuebles. Sobre el papel, esto significaba que Aguas del Tunari podía cobrar por el agua que los vecinos obtuvieran de sus pozos, del río o incluso recogieran de la lluvia, y que si éstos no pagaban estaba autorizada a desahuciarles y quedarse con sus casas.
El mercado de las privatizaciones
“Lo que más se opone al derecho humano al agua es la mercantilización”, dice Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador especialista en agua del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Lo que se opone en mayor medida a un derecho fundamental es la mercantilización del bien que está protegido por ese derecho. El mercado es contrario a la lógica del derecho fundamental que lo que intenta es garantizar un acceso universal a un bien indispensable para la vida, en este caso el agua, y el mercado al convertir un bien en una mercancía lo que hace es transformarlo en un privilegio y sólo los que tengan dinero podrán adquirirle”, explica.
Entonces, el crecimiento de este negocio es inversamente proporcional al derecho humano al agua, pues mientras más crece el consumo de agua embotellada en el mundo, los hombres y mujeres pierden la posibilidad de acceder al líquido de manera gratuita, en las cantidades y lugares necesarios y con la calidad adecuada para ser bebida.
Derecho vital
“El derecho humano al agua implica la disponibilidad al agua, acceso físico y económico, calidad (potable) y no discriminación”, dice Rodrigo Gutiérrez, y también señala como es que el negocio del agua embotellada, controlado por “las cuatro grandes” (Pepsico, Coca Cola, Danone y Nestlé), viola cada uno de estos aspectos del DHA.
La disponibilidad del agua se ve afectada por el crecimiento del mercado del agua embotellada “porque puede generar sobreexplotación de los mantos freáticos” cuando las plantas se instalan a expensas de éstos. También afecta el derecho a acceder al agua “porque lo que están haciendo es aumentar el precio de un bien al que las personas gradualmente sólo tendremos acceso en tanto tengamos dinero y lo que menos es el agua embotellada es ser accesible económicamente. Para una familia en la línea de la pobreza pagar 7 pesos por una botella de agua o 29 pesos por un garrafón (20 litros) es extraordinariamente caro en relación a su salario”.
“Es brutalmente desproporcionada la rentabilidad en una botella de agua, comparada con cualquier otra mercancía en el mundo, sobre todo porque esta agua en muchas ocasiones la consiguen de manera totalmente gratuita, en muchas ocasiones el agua embotellada es agua del grifo que supuestamente la someten a procesos de filtración y nos la venden a un precio que puede ser entre mil y diez mil veces más caro de lo que realmente cuesta”,
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